Preguntas Frecuentes
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P: ¿De qué se trata la demanda en el tribunal?
R: Cientos de miles de estudiantes en todo el estado (incluida la ciudad de Filadelfia) carecen de los apoyos y servicios educativos básicos. A los estudiantes les faltan bibliotecas funcionales en las escuelas, libros de texto y materiales de currículo actualizados, salones de clase del tamaño adecuado, consejeros académicos, enfermeras, educación para carreras técnicas, clases de preparación para la universidad, programas de tutoría, y muchas otras cosas. Y a pesar de los incansables esfuerzos de líderes escolares, maestros, personal de apoyo y padres, la falta de recursos en demasiadas escuelas impide que muchos estudiantes de Pensilvania lograran alcanzar los estándares académicos establecidos por el estado.
La legislatura estatal tiene la obligación de asegurar que todos los estudiantes (no solo los que viven en ciertos códigos postales) cuenten con los recursos básicos necesarios. Sin embargo, nuestro estado asigna un porcentaje menor de fondos a la educación que casi todos los demás estados del país. Esto hace que los distritos de todo Pensilvania tengan que depender demasiado de los fondos locales, y por ende ha creado grandes diferencias entre los distritos escolares localizados en áreas afluentes y los que están ubicados en áreas de pocos ingresos. Pensilvania tiene una de las brechas de fondos más amplias del país entre los distritos de pobres y los distritos afluentes. Un distrito escolar típico en un área afluente gasta unos $4,800 más por cada estudiante que un distrito escolar típico de pocos ingresos, y esa diferencia ha estado creciendo.
El Public Interest Law Center, el Education Law Center of Pennsylvania y la firma de abogados O’Melveny se han unido para radicar una demanda a nombre de seis distritos escolares, varios padres y dos organizaciones de todo el estado en contra de líderes legislativos, funcionarios de educación estatales, y el gobernador del estado. Estamos pidiendo una orden de tribunal que obligue a la legislatura a cumplir con la constitución del estado y asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación pública de alta calidad.
P: ¿Quién es responsable de asegurar que la educación sea de alta calidad?
R: La constitución del estado asigna a la Asamblea General como responsable de asegurar que el sistema de educación pública sea comprehensivo y eficiente. Un sistema de educación pública comprehensivo y eficiente deberá asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad que les proporcione los recursos esenciales necesarios para alcanzar todos los estándares del estado y participar cabalmente en la vida económica, cívica y social de sus comunidades. Este sistema debe asignar dólares adicionales a los estudiantes que tengan más necesidad.
Consistentemente, el estado no ha cumplido esta responsabilidad básica y continúa no cumpliéndola. De hecho, ni siquiera evalúa cuánto dinero se necesita. Por consecuencia, en comunidades urbanas y rurales de todo el estado por igual, el estado no les está proporcionando a las escuelas los recursos y herramientas que necesitan los directores y maestros para educar a nuestros niños y prepararlos para el Pensilvania del siglo 21.
Esta demanda busca crear una solución a largo plazo para las insuficiencias y desigualdades de nuestro sistema actual.
P: ¿Cuáles son nuestros reclamos legales?
R: Hay dos reclamos. Primero, que en virtud de la Constitución de PA el estado tiene una obligación legal de "mantener y apoyar un sistema de educación pública comprehensivo y eficiente" para todos los estudiantes.
Una educación pública "comprehensiva y eficiente" se refiere a una educación adecuadamente financiada, completa y eficaz para que todos los niños de Pensilvania tengan la oportunidad de lograr los estándares académicos del estado.
El estado ha establecido estándares académicos para definir qué se requiere para una educación pública "comprehensiva y eficiente", pero no ha mantenido ni apoyado el sistema con suficientes fondos a fin de asegurar que cada distrito escolar cuente con los recursos esenciales para que los estudiantes cumplan esos estándares.
Segundo, el método actual de asignación de fondos ha resultado en diferencias significativas en recursos, lo cual discrimina contra los estudiantes que viven en distritos de menos ingresos y cuyas propiedades tienen menos valor. Esta disparidad irracional en la asignación de fondos viola las disposiciones de Protección Equitativa de la constitución de nuestro estado, ya que a los niños que viven en distritos de menos riqueza se les está negando la oportunidad de recibir una educación adecuada, mientras que sus compañeros que viven en distritos de mayor ingreso están recibiendo una educación de alta calidad.
P: ¿Quién está presentando el caso?
R: Los demandantes en el caso incluyen: Seis distritos escolares: Distrito Escolar William Penn, Distrito Escolar de Lancaster, Distrito Escolar Panther Valley, Distrito Escolar Greater Johnstown, Distrito Escolar Shenandoah Valley, y Distrito Escolar del Área de Wilkes-Barre. Todos estos distritos tienen una alta proporción de niños en pobreza y no pueden recaudar suficiente dinero de los impuestos a la propiedad locales para cubrir la falta de fondos del estado.
La Asociación de Escuelas Rurales y Pequeñas de Pensilvania, un grupo de aproximadamente 150 distritos escolares pequeños y rurales y 13 Unidades Intermedias de PA.
La NAACP Pennsylvania State Conference, una organización dedicada a asegurar la igualdad de derechos políticos, educativos, sociales y económicos de todas las personas y eliminar la discriminación racial. Un grupo de familias cuyos hijos asisten a escuelas carentes de fondos y carentes de recursos en distritos escolares de Filadelfia, William Penn, Greater Johnstown y Wilkes-Barre.
P: ¿Quiénes son los demandados?
R: Los líderes de la Cámara y el Senado, el Secretario de Educación y el Departamento de Educación, la Junta Estatal de Educación, y el Gobernador. Estas personas se conocen como “partes esenciales” de la demanda porque cada una juega un rol en cualquier remedio que determine el tribunal. Legalmente, todos se tienen que incluir en la demanda.
P: ¿Qué se está pidiendo en la demanda?
R: Estamos pidiendo que el tribunal haga lo siguiente:
(1) Declare que el sistema actual para asignar fondos a las escuelas no cumple con la constitución del estado; y
(2) Ordene que los demandados dejen de usar un sistema de asignación de fondos que no proporciona fondos adecuados para todos los estudiantes y que discrimina contra los distritos de pocos ingresos; y
(3) Ordene a los demandados a crear y mantener un sistema de asignación de fondos constitucional que permita que todos los estudiantes puedan cumplir los estándares académicos del estado y no discrimine contra distritos escolares ubicados en áreas de menos ingresos.
P: ¿Cuál es el estatus actual del caso?
R: El tribunal programó que el juicio comience el 12 de noviembre de 2021 en la Sala 3002 del Centro Judicial de Pensilvania en Harrisburg. La Juez Estatal Renée Cohn Jubelirer continuará presidiendo el caso. Esperamos que el juicio dure varias semanas. La Juez Jubelirer dijo que el juicio será cinco días a la semana y que habrá una transmisión en vivo disponible para el público.
P: ¿Qué ha ocurrido en el caso hasta ahora?
Nosotros radicamos la demanda en el Tribunal Estatal en noviembre de 2014. El Tribunal Estatal inicialmente desestimó el caso en abril de 2015, diciendo que los tribunales no se pueden involucrar en asuntos relacionados con el financiamiento de las escuelas. Nosotros apelamos, y en septiembre de 2017 el Tribunal Supremo de Pensilvania declaró que los reclamos en el caso están sujetos a revisión judicial. El caso entonces regresó al Tribunal Estatal para continuar los procesos.
Los funcionarios estatales han intentado en varias ocasiones que el caso se desestime antes del juicio. En mayo de 2018 el Tribunal Estatal anuló las objeciones preliminares del estado en cuanto a la demanda. En agosto de 2018 el Tribunal Estatal desestimó un reclamo presentado por el entonces Presidente Provisional del Senado Joseph Scarnati de que la adopción de una fórmula de asignación de fondos justa en 2016 hizo que nuestro caso quedara resuelto. En nuestros escritos legales para disputar este reclamo, encontramos que los fondos estatales disponibles para gastos en el salón de clases se habían de hecho reducido desde que radicamos la demanda en 2014, y que las brechas entre distritos de pocos y de altos ingresos habían aumentado.
En diciembre de 2018, el Tribunal Estatal ordenó que las partes siguieran un programa establecido para intercambiar información y así asegurar que el caso procediera de manera puntual y eficiente antes del juicio. Desde diciembre de 2018 el tribunal ha emitido varias órdenes adicionales en cuando a instrucciones. Las partes han estado completando los varios pasos indicados en las instrucciones y órdenes del tribunal: descubriendo los hechos, toman y defendiendo declaraciones, entrevistando y preparando a los testigos, y reuniéndose con expertos que prepararon y luego presentaron informes ante el tribunal. En el verano de 2020 las partes completaron una extensa fase previa al juicio, conocida como proposición de pruebas o descubrimiento, durante la cual cada una de las partes estuvo reuniendo evidencia para respaldar su caso mediante documentos, declaraciones de testigos, y otros medios. Durante esa fase, las partes completaron más de 70 declaraciones juradas. En septiembre y octubre de 2020, las partes intercambiaron múltiples informes de expertos y las refutaciones correspondientes.
P: Aunque el tribunal falle a favor de los demandantes, ¿no se supone que la legislatura es la que finalmente tiene que decidir cómo va a asignar el dinero?
R: Sí. La legislatura tiene el poder de arreglar este problema ahora, pero hasta la fecha no lo ha hecho. Una orden de tribunal serviría para lograr que la legislatura haga lo que no ha querido hasta ahora.
P: ¿Cómo saben si ese dinero realmente marcará una diferencia?
R: Se han hecho investigaciones en las que se demuestra que cuando se trata de logro académico, el dinero importa bastante. Numerosos estudios han comprobado que cuando se asignan más fondos, y esos fondos se asignan según las necesidades de los estudiantes, el logro académico mejora. Los estudios también muestran que hay beneficios importantes al aumentar los recursos de los estudiantes que los necesitan, como crecimiento económico, reducción en las tasas de desempleo y reducción en los programas de servicio social.
Por ejemplo, un estudio nacional reveló que para los niños de familias pobres, aumentar el gasto por estudiante un 20 por ciento en todos los 12 años de escuela primaria y secundaria resulta en un aumento de 52 por ciento en el ingreso familiar.
El mismo informe también mostró que el efecto de aumentar las inversiones escolares un 20 por ciento en todos los años escolares es suficiente para eliminar completamente la brecha de ingresos entre los niños de familias de pocos recursos y los niños de familias de altos ingresos.
En Pensilvania, un estudio en 2011 examinó las puntuaciones en los exámenes estandarizados del estado entre 2003-04 y 2010-11. En los 50 distritos con peor desempeño, las puntuaciones en los exámenes aumentaron un 50 por ciento (en promedio) durante esos ocho años - y esto ocurrió mientras los fondos de esos mismos distritos aumentaron aproximadamente un 40%. En el reportaje “Money Matters in Education Justice” publicado en 2017 por el Education Law Center hay más información sobre los efectos que tienen los fondos para educación en Pensilvania.
Este caso, por lo tanto, se trata de que el estado proporcione suficientes de los recursos que necesitan los estudiantes y las escuelas para que así los distritos ofrezcan una educación adecuada para todos los estudiantes, y esto incluye pagar por suficiente personal y programas eficaces necesarios a fin de que los estudiantes se gradúen y estén preparados para ir a la universidad o encontrar empleo.
P: ¿Qué pasó con la Comisión para Fondos Básicos de Educación? ¿La fórmula nueva para asignar fondos no resolvió este problema?
R: No. Aunque la fórmula de asignación de fondos para las escuelas adoptada por la legislatura en 2016 ciertamente fue un paso en la dirección correcta, ni siquiera se acerca a resolver el problema de fondos para educación en Pensilvania. La fórmula agregó pesos nuevos a las poblaciones estudiantiles de ciertos distritos, tomando en cuenta factores como pobreza y porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés, para guiar la distribución de una porción de los fondos estatales para educación. Pero la fórmula, desarrollada por la Comisión para Fondos Básicos de Educación de la legislatura estatal, solamente recomendó cómo se deben distribuir los fondos y no estableció cuánto dinero se necesita para asegurar que la cantidad es adecuada. Es decir, adoptar la fórmula de asignación de fondos de educación como tal no resultó en ningún dinero adicional para las escuelas. Aparte, una fórmula es tan útil como los dólares que pasan por ella. La fórmula solamente se aplica a aumentos en fondos estatales sobre la base de 2012-14, o sea, a una pequeña fracción del presupuesto de educación (solamente un 2% del presupuesto total de educación de Pensilvania el año pasado, o un 11% de los fondos básicos para educación). Enfocarse en la distribución de fondos sin asegurar que la cantidad sea adecuada no va a solucionar esta crisis.
Toda persona que dude que las escuelas en áreas pobres y sus estudiantes están todavía sufriendo crónicamente por la falta de inversión de este estado debería visitar una de esas escuelas. El daño causado es obvio: edificios en deterioro, salones abarrotados de estudiantes, y una falta de tecnología por la que los niños de Pensilvania tienen que aprender en condiciones que amenoran su dignidad y potencial. Los documentos que presentamos en respuesta al reclamo del Senador Scarnati incluyeron declaraciones juradas de líderes en los distritos de la demanda para reportar cómo la falta de fondos adecuados ha continuado privando a los estudiantes de apoyo y recursos que los distritos de áreas afluentes dan por seguro. Está más que claro que todas las medidas tomadas por la legislatura estatal desde que radicamos nuestra demanda en 2014, entre ellas adoptar una fórmula para asignar fondos, no han servido para atender la realidad de que el sistema de asignación de fondos de Pensilvania es inadecuado e injusto.
P: ¿Cuál será el impacto de esta demanda en los impuestos sobre la propiedad?
R: En nuestra demanda nosotros destacamos que, en promedio, los contribuyentes en distritos de pobreza pagan una tasa de impuestos sobre la propiedad mucho más alta que los que viven en distritos más afluentes, y que aun así, esos distritos tienen menos dinero para los estudiantes. Esta es una de las muchas desigualdades entre los distritos de áreas pobres y de áreas de mucha riqueza. Nuestro caso no está pidiendo que el tribunal elimine los impuestos sobre la propiedad, pero sí alega que esta discrepancia significa que el sistema de asignación de fondos a las escuelas de Pensilvania viola las disposiciones de protección equitativa de la constitución del estado. Nosotros estamos pidiendo que el tribunal le ponga fin a esas violaciones.
P: Si ustedes ganan el caso en el tribunal estatal, ¿los funcionarios estatales pueden todavía apelar la orden del tribunal?
R: Sí. Todavía es posible que haya una apelación ante el Tribunal Supremo de Pensilvania, pero tenemos la esperanza de que la legislatura responda a la orden del tribunal, vea la evidencia, escuche a sus constituyentes, y corrija el problema. La legislatura no tiene que esperar a que los tribunales le ordenen empezar a resolver esta crisis. Ellos tienen la obligación legal de resolver la crisis de fondos para las escuelas y también el poder para hacerlo ahora.
P: ¿Qué puedo hacer yo para ayudar?
R: ¡Ya tomaste el primer paso solo con haberte informado! Hay muchas maneras en las que nuestros aliados nos pueden ayudar a cambiar el status quo cuando se trata de fondos para las escuelas de Pensilvania.
El paso más importante que nuestros defensores pueden tomar es ayudarnos a lograr que cada vez más personas entiendan que Harrisburg no está asignando suficiente dinero para la educación. Tú puedes enviar una carta al jefe de redacción o editor de la página de opiniones del periódico local. Esto nos ayuda a crear más conciencia en la comunidad sobre este problema, y también a demostrar que el pueblo apoya nuestra demanda y también que se asignen más fondos para la educación. Adicionalmente, puedes pedir que la junta escolar local, una organización religiosa a la que pertenezcas, o cualquier otro grupo comunitario apruebe una resolución de apoyar las metas de la demanda de contar con más fondos estatales.
Finalmente, puedes unirte a la campaña PA Schools Work, una coalición no partidista de docenas de organizaciones de todo el estado, dedicada a apoyar a los estudiantes pidiendo que las escuelas públicas cuenten con una cantidad mayor y más justa de fondos. Esta campaña es totalmente separada de nuestra demanda, pero las metas son las mismas: asegurar que Pensilvania adopte y mantenga un sistema de asignación de fondos para las escuelas adecuado y equitativo.
Recuerda, antes de que se tome una decisión final en nuestro caso, la legislatura del estado tiene el poder para cambiar la manera en que financiamos las escuelas. Si la comunidad aboga por esto, tendrá el poder para lograr ese cambio. Tenemos que trabajar en múltiples frentes para corregir este problema. Cada día que la legislatura opta por no resolver esta crisis ‒ ya sea por intransigencia política o con objeciones legales ‒ es otro día en el que cientos de miles de estudiantes de todo Pensilvania pasan en escuelas con una falta crónica de fondos.